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Castilla y León continúa este año entre las cuatro comunidades autónomas españolas que tienen un mejor desarrollo de los Servicios Sociales pero pasa de la primera posición a la cuarta, dando sitio por delante a Navarra, País Vasco y La Rioja.
Así se desprende del Índice de Desarrollo de los Servicios Sociales 2013 presentado este miércoles en Madrid por la Asociación de Directores y Gerentes en Servicios Sociales, en el que se considera "preocupante" que la región haya reducido su presupuesto en 66 millones de euros durante la crisis, entre los años 2009 y 2012.
Según este trabajo, elaborado a partir de los datos oficiales enviados por todas las comunidades a excepción de Castilla-La Mancha, "lo más preocupante" en el caso de la Comunidad es que es la sexta que más ha reducido su gasto en Servicios Sociales, un 8,60% entre 2009 y 2012. En términos relativos, destaca el informe, el Gobierno regional ha pasado de un gasto medio por habitante de 300,03 euros en 2009 a 285,19 en 2012.
El director de la asociación, José Manuel Ramírez, destacó hoy en la
presentación del informe que "Castilla y León es, sin duda, uno de los
referentes positivos en materia de Servicios Sociales" pero que "de
continuar esta reducción de gasto tan importante puede darse al traste
con esta encomiable trayectoria". La grave reducción de gasto entre 2009
y 2012 "puede destruir su importante bagaje", el que le lleva a
situarse por encima de la media nacional "en casi todos los aspectos".
Ramírez resaltó la independencia e imparcialidad de la organización que dirige,
que no depende de "ninguna ayuda pública" para su funcionamiento, y
lamentó las "desigualdades" por comunidades autónomas que refleja el
índice.
Así, encuadró a Castilla y León entre las cuatro comunidades con unas
prestaciones sociales "aceptables", lo que a su juicio no se puede
encontrar en el resto del territorio nacional. Precisamente, auguró que de mantenerse los recortes presupuestarios podrá producirse una "fractura social" en el país porque
ya hay siete millones de personas que son usuarias de estos servicios.
"Es como recortar médicos en una epidemia", se lamentó Ramírez.
En el caso de Castilla y León, los recortes presupuestarios no han
impedido que la cobertura sea incluso mayor que en 2012, pasando de 3,3
puntos a 4,2. En tres de los indicadores alcanza la máxima puntuación:
dependencia, plazas residenciales para personas mayores y servicios para
personas con discapacidad, y en otros tres se sitúa por encima de la
media.
Por este motivo, los investigadores consideran que en esta materia la Comunidad alcanza la categoría de 'excelente'. Castilla y León destaca por encima de la media en la dotación de trabajadores,
con un empleado de plantilla por cada 2.545 habitantes frente a los
2.942 de media estatal, y en la extensión del sistema de Dependencia,
que alcanza el 2,44% de la población frente al 1,62% de media estatal.
Además, el limbo de la dependencia, el de las personas con derechos
reconocidos que no reciben ninguna prestación, es cinco veces inferior
al conjunto del país. Hay otros aspectos en los que sobresale, como la
cuantía de las rentas mínimas de inserción, las plazas residenciales
para personas mayores, la extensión e intensidad horaria de la ayuda a
domicilio, la cobertura de equipamientos para personas con discapacidad o
las plazas de acogida para mujeres víctimas de la violencia de género.
Por el contrario, la Comunidad se encuentra por debajo de la media en la extensión de sus sistema de rentas mínimas de inserción,
que benefician a 1 de cada 159,1 personas frente a las 84,3 de ratio
nacional; en los acogimientos familiares de menores, un 52,96% frente al
60,35% del conjunto del país, y en las plazas residenciales para
personas sin hogar, con 34,63 por cada 100.000 habitantantes frente a
las 35,26 de media.
El informe concluye recomendando a la Comunidad "mantener el esfuerzo
presupuestario en materia de Servicios Sociales", por las "graves
consecuencias que está teniendo y puede tener una reducción del gasto
para la situación de necesidad de que atraviesan cientos de miles de
personas y familias" en la región. Además, la asociación reitera a la
Consejería de Familia la importancia de elaborar y aprobar el Catálogo
de Servicios Sociales que establece la ley autonómica de 2011.
Por último, la asociación recomienda incrementar la cobertura de las
rentas mínimas de inserción, "especialmente en momentos críticos como
los actuales" y desarrollar los acogimientos familiares de menores
frente a las residencias.
El índice, el segundo que elabora la asociación, valora tres aspectos
fundamentales: los derechos y la decisión política, con hasta dos puntos
de peso sobre la valoración global; la relevancia económica, con un
máximo de tres puntos; y la cobertura de servicios, que puede puntuar
hasta un cinco.
Gracias a este triple análisis se establece un ránking que en esta
ocasión lidera País Vasco, con 7,35 puntos, seguido de Navarra (7,15) y
La Rioja (6,85).
Después de Castilla y León, que logra 6,65 puntos,
siguen Cantabria (6,60), Asturias (6,35), Cataluña (6,35), Castilla-La
Mancha (6,25), Aragón (5,95), Extremadura (4,60), Andalucía (4,40),
Galicia (3,65), Baleares (3,15), Murcia (2,80), Madrid (2,75), Canarias
(2,00) y la Comunidad Valenciana, que tiene la peor nota, 0,60.
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