La noticia es de El Norte de Castilla.
La Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades cambió de modelo asistencial después de los fuertes recortes
del Gobierno del pasado verano que dejaron temblando al sistema de
dependencia en todo el país; pero además de forma desigual, según recoge
el informe de la oficina de Javier Amoedo. Castilla y León resultó de
hecho, no de intención, de las comunidades más penalizadas.
El Gobierno central suprimió el nivel acordado y redujo el 13,24% la
financiación del mínimo garantizado, lo que paga por usuario y grado de
falta de autonomía. Y todo ello, recalca el Procurador del Común, «sin
consenso en el seno del Consejo Territorial del Sistema para Autonomía y
Atención a la Dependencia». Este «deterioro de los ingresos» se tradujo
para Castilla y León en 22,5 millones menos por el primer concepto y de
5,6, por el segundo, es decir, que vio reducida su financiación en más
de 28 millones en unos meses. Resultó en proporción (27% de reducción de financiación estatal) uno de los mayores impactos, solo después del de Asturias y La Rioja (ambas del 29%). La media nacional estaba en el 23%.
Una
consecuencia inmediata del famoso y llamado 'decretazo' fue la
reducción de las prestaciones económicas para el cuidado en el entorno
doméstico. Las cuantías máximas de estas prestaciones eran hasta
entonces de entre 153 y hasta 442,59 euros en función de los diferentes
niveles y grados.
La rebaja del pasado mes de agosto fue del 15% a
nivel nacional para los que ya la tenían reconocida. Las cuantías
futuras empeorarían. Esto supuso a las autonomías un ahorro conjunto de
122,2 millones. El gasto público mínimo de la ayuda a la dependencia,
tras reducir tal porcentaje, supone 5.933 millones de euros para toda España y
el Estado solo pone 1.225 millones; el resto, el 80%, recae en las
comunidades. Esto, incide este defensor del pueblo, deja «prácticamente
sin margen de maniobra» a las regiones. Y por ello, recoge el informe
haciéndose eco de análisis y datos del Observatorio Estatal de la
Dependencia, «solo deja como opción para las comunidades la posibilidad
de una mayor reducción de las cuantías de las prestaciones».
¿Y
qué alternativa –reconoce y valora este trabajo– le quedó a la
Consejería de Familia?, la de apostar por los servicios para preservar
la red de profesionales y dar
atención y ello, destaca, lo hizo con el acuerdo con los representantes
de la tercera edad a través de Acalerte, de las asociaciones de
discapacitados con el Cermi y del sector empresarial privado de
residentes a través de Lares. En Castilla y León se aplicó –recuerda
Javier Amoedo– de manera progresiva, de forma que al 15 % de la
reducción estatal se incrementaría otro tanto en 2012. Ello también
unido a otro 10 % más en 2013 y otro tanto más en 2014. Finalmente,
Familia lo ha congelado en el 30%; pero el trabajo del Procurador del
Común es anterior a esta medida.
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